La Constitución Política de Costa Rica establece el derecho de todo costarricense y la garantía individual de circular libremente por todo el territorio nacional, siempre y cuando se encuentre libre de responsabilidad, requiere que este desplazamiento esté respaldado por un sistema de transporte congruente con las posibilidades de hacerlo y con la infraestructura necesaria, para asegurar un traslado seguro, rápido y económico a cualquier punto de la geografía del país, donde resida, labore o realiza su esparcimiento cada persona que habite o visite el país.
Uno de los pilares esenciales para garantizar este acceso al transporte colectivo, es la regulación de los servicios públicos relacionados con la movilización de personas y carga, función que está a cargo de la ARESEP según lo establece la Ley 7593. Dado lo anterior la Junta directiva aprobó la Política regulatoria de los servicios de movilidad de personas, infraestructura y otros servicios de transporte mediante el acuerdo 02-94-2021.
Está Política tiene como objetivo general: Coadyuvar, a través de instrumentos regulatorios, a fortalecer la política nacional de los servicios de movilidad de personas, infraestructura y otros servicios de transporte, realizada por los medios y modos de transporte público establecidos en el país, mediante leyes, planes, políticas sectoriales y tratados internacionales vigentes, asegurando la disponibilidad del parque de transporte necesario, mediante la prestación óptima del servicio, en cantidad y oportunidad adecuadas, en condiciones de economía, ambiente, calidad, confiabilidad y continuidad suficientes y utilizando de manera óptima para ello, el acceso a la infraestructura desarrollada y regulando las técnicas de desarrollo y financiamiento de obras y servicios que le han sido encomendadas a la institución, en el cumplimiento de los objetivos y funciones otorgados por ley y reglamentos, a la Autoridad Reguladora.
Además, establece una serie de objetivo específicos agrupados en tres grandes sectores: técnicos, tarifarios-económicos e institucionales.
Política Regulatoria para los servicios de transporte