La política de Participación se configura como una acción estratégica transversal dentro de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) de la República de Costa Rica. Tal política busca que la regulación de servicios públicos sea un proceso que ponga al usuario en el núcleo de las decisiones, lo cual promueve una intermediación que equilibra el interés financiero con el respeto a los derechos y necesidades de los usuarios.
Uno de los pilares fundamentales de esta política es acercar la regulación a las necesidades de los usuarios y a las particularidades de los territorios donde habitan. En un contexto donde la regulación se percibe como un proceso técnico, la ARESEP se compromete a brindar una perspectiva de derechos en todos los procesos regulatorios, desde el diseño de instrumentos, hasta su evaluación de impacto, pasando por la aplicación y sus diversas manifestaciones, asegurando que las personas, especialmente los usuarios de servicios regulados sean vistos y tratados como el eje principal de todas las acciones regulatorias. Esta orientación implica fortalecer el paradigma donde la perspectiva del usuario se convierte en una práctica normalizada dentro de la organización, permeando cada una de las decisiones y procedimientos que se llevan a cabo. El concepto de participación ciudadana que impulsa esta política va más allá de la incorporación formal en los procesos de toma de decisiones. Se define como un acto político y estratégico, indispensable para el fortalecimiento de un sistema democrático robusto.