- Con apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), la investigación aporta recomendaciones para fortalecer la gestión del agua potable en Costa Rica
Bol. 37-2026. Fortalecer la coordinación institucional, consolidar la planificación sectorial y mejorar el intercambio de información son algunos de los desafíos identificados por un estudio que analiza por primera vez de forma integral el marco jurídico, regulatorio e institucional que sustenta la gestión del agua potable en Costa Rica.
Los resultados fueron presentados el 11 de agosto durante una sesión de trabajo que reunió a representantes de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
El estudio fue desarrollado con el apoyo de GIZ, a través del programa Escalando Medidas de Adaptación basada en Ecosistemas en América Latina Rural (EbA LAC), como parte de un proceso orientado a fortalecer la Intendencia de Agua de la ARESEP y el Comité de Rectoría y Regulación del Agua (CORREA), espacio de coordinación interinstitucional que promueve la articulación entre las entidades con competencias en rectoría, regulación, protección del recurso hídrico y prestación de los servicios de agua potable.
Entre sus principales conclusiones, el análisis señala que Costa Rica cuenta con un modelo de gobernanza del agua potable sustentado en la participación de instituciones públicas, operadores de servicios y organizaciones comunitarias, con competencias diferenciadas y complementarias que han contribuido al desarrollo del sector.
Al mismo tiempo, identifica oportunidades para fortalecer la coordinación interinstitucional, actualizar instrumentos de planificación y mejorar los mecanismos de información, seguimiento y evaluación que respaldan la toma de decisiones.
El informe destaca que los desafíos actuales del sector no pasan necesariamente por modificar la distribución de competencias entre las instituciones, sino por consolidar mecanismos de articulación y trabajo conjunto que permitan una gestión más eficiente, transparente y orientada a resultados.
Como parte de sus recomendaciones, el estudio propone actualizar y armonizar las políticas públicas relacionadas con agua potable, fortalecer los espacios de coordinación institucional, desarrollar un Sistema Nacional de Información para la gestión del sector, implementar mecanismos permanentes de evaluación del desempeño de los operadores y reforzar las capacidades técnicas y regulatorias de las entidades competentes.
Asimismo, resalta la importancia de fortalecer la protección de las fuentes de abastecimiento mediante protocolos de coordinación entre instituciones, con el fin de garantizar la continuidad, calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable frente a los desafíos ambientales y de desarrollo que enfrenta el país.
Las recomendaciones servirán de base para la construcción de una hoja de ruta orientada a impulsar una gestión más articulada y sostenible del recurso hídrico.
Según el estudio, la implementación gradual de estas acciones contribuirá a fortalecer la planificación sectorial, mejorar la coordinación entre instituciones y generar condiciones más favorables para garantizar el derecho humano al agua potable para las actuales y futuras generaciones.
El estudio completo puede consultarse en el sitio web de la ARESEP en el siguiente enlace: https://aresep.go.cr/publicaciones/informe-analisis-juridico-y-regulatorio-del-servicio-de-agua/
Jorge Sanarrucia, Intendente de Agua.