· Ente Regulador se enmarca dentro de sus potestades legales
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) realiza diversas acciones legales contra la prestación ilegal de transporte público.
De acuerdo con la Ley, para prestar servicio remunerado de personas en el país, se debe contar con una concesión o permiso emitida por el Consejo de Transporte Público, de lo contrario será una prestación ilegal o no autorizada, según lo ha resuelto la Sala Constitucional.
La ARESEP solicitó criterio a la Procuraduría General de la República (PGR) para aclarar si ARESEP puede cerrar una aplicación tecnológica, página electrónica o red social que facilite el transporte no autorizado; si procede cerrar o sancionar a las empresas que brinden esos servicios.
En ese sentido, la PGR contestó que no se podía referir a esos temas, porque los mismos estaban siendo conocidos en sede judicial. Los procesos judiciales que están en trámite fueron interpuestos por la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC) y la Asociación de Taxistas de Santa Ana, contra la plataforma de servicios de la empresa Uber. Para todos los efectos la ARESEP será respetuosa de lo que dicten los tribunales.
La posición de la ARESEP en estos procesos es que el artículo 44 de la Ley 7593, debe interpretarse como una potestad legal, otorgada a la Aresep y consistente en la facultad de ordenar, mediante resolución administrativa, el cierre inmediato de las empresas que brinden servicios públicos, sin contar con la autorización respectiva, sea concesión o permiso. Igualmente, podrá remover cualquier equipo o instrumento que permita el uso abusivo e ilegal de los servicios regulados.
Adicionalmente, el Ente Regulador continúa realizando procesos administrativos sancionatorios contra los choferes que brinden el transporte remunerado de pasajeros, sin contar con la autorización del Estado. Estos procesos pueden generar multas entre ¢1.2 millones y ¢8 millones.
La Dirección General de Atención al Usuario inició una investigación preliminar, con el fin de determinar si las empresas que operan plataformas tecnológicas (App) tienen posibles responsabilidades más allá de los conductores y vehículos utilizados para brindar este servicio, sin contar con una concesión o permiso emitida por el Consejo de Transporte Público, comenzando con la plataforma conocida como Uber.