La Autoridad Reguladora propone modificar la metodología para calcular los precios de los combustibles que expende la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).
El principal cambio es dar una mayor transparencia a los costos de distribución de cada producto, salvaguardando los intereses de los usuarios y promoviendo las inversiones para asegurar la continuidad en la prestación del servicio.
Además se pretende introducir al cálculo de las tarifas:
• Modificación del criterio de cálculo del margen de operación de Recope, de tal forma que se determine el costo de almacenamiento, distribución y trasiego de cada combustible dentro del país
• Se propone incluir los precios realmente pagados por Recope para cada combustible, de tal forma que los usuarios se beneficien de posibles eficiencias que tenga esa empresa a la hora de negociar la compra de los productos terminados en el mercado internacional, y ese beneficio se traslade de forma más expedita a los usuarios.
• Mayor transparencia en cuanto a las inversiones de Recope, separando esa variable del margen de operación y definiendo los principales criterios para que una nueva inversión sea considerada en las tarifas.
• Inclusión del seguimiento tarifario en la fórmula de cálculo, de tal forma que se le trasladen a los usuarios, de oficio, eficiencias que tenga Recope en su operación normal.
En general esta nueva propuesta de metodología define, de forma más detallada y transparente el cálculo de las tarifas, para que cualquier interesado pueda darle trazabilidad a las mismas.
El modelo utilizado en la actualidad para calcular los precios de los combustibles en los planteles de Recope se estableció en el 2008, en aquel entonces ese modelo vino a solucionar una serie de carencias que tenía su predecesor, siendo la principal que los precios internos de esos productos no reflejaban el comportamiento internacional, ya que se calculaban con base en una canasta de combustibles (lo que se le conocía como cóctel de productos: en donde el producto que más se vendía afectaba el precio de los demás).
La Junta Directiva acordó someter, por segunda vez, al proceso de audiencia pública el próximo 31 de agosto.