- Se abrió expediente público para fiscalizar activos utilizados en el servicio.
Bol. 74-2022, 7 de diciembre de 2022. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) inició un proceso de fiscalización para depurar la lista de activos de las ocho empresas eléctricas que brindan el servicio.
Estos activos tienen implicaciones tarifarias, así como las inversiones que realizan las empresas, pues de ahí se calculan el rédito para el desarrollo y el gasto por depreciación de cada empresa.
Esta fiscalización es acorde con en el artículo 6 de la Ley 7593, que otorga a la ARESEP “regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los prestatarios de servicios públicos, para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo del servicio, ya sean las inversiones realizadas...” así como “realizar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público cuando lo estime conveniente para verificar calidad, confiabilidad, continuidad, los costos precios y las tarifas del servicio público”.
Actualmente el sector eléctrico está inmerso en un contexto regulatorio muy dinámico y cambiante, altamente influenciado por el impacto de la innovación y el cambio tecnológico.
El Intendente de Energía, Mario Mora, explicó que “las empresas eléctricas deben brindar el servicio público en un escenario de ahorro y eficiencia energética, en donde las inversiones reconocidas, además de estar asociadas a la prestación del servicio público, deben ser eficientes y orientadas a una prestación que garantice la continuidad y confiabilidad del servicio”.
Esta depuración es necesaria para evitar que la base tarifaria contenga información que no es necesaria para su cálculo, tal como se ha identificado durante la tramitación de estudios tarifarios, como es el caso de activos donados, o depreciados que tienen un valor remanente, vidas útiles inconsistentes que podrían provocar una depreciación acelerada y por consiguiente su efecto en el gasto, entre otras cosas.
Este proceso está incluido en el expediente público OT-325-2022 y se coordinará con cada empresa eléctrica para el proceso de revisión, limpieza, depuración y actualización de los activos fijos incluidos en las bases tarifarias.