La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) ha hecho las acciones que la ley la faculta para contrarrestar la prestación ilegal del servicio de transporte público.
Se han tramitado todos los casos que incurren en la prestación no autorizada del servicio de transporte remunerado de personas, pues no cuentan con autorización para brindarlo. En el 2015 se presentaron 46 casos y en este año 22, los cuales siguen el procedimiento de ley. No obstante, está pendiente dictar la resolución final, en vista que la Sala Constitucional ordenó la suspensión de todo acto final administrativo mientras analiza una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 8955.
Desde 2004 la ARESEP firmó un convenio con la policía de Tránsito con el fin de realizar la detención de vehículos que presten ilegalmente el servicio público. En ese sentido, se ha fortalecido su implementación para realizar operativos con mayor intensidad e impacto en las comunidades donde se brinda, se decomisarán los vehículos y se continuará con el proceso administrativo sancionatorio. El presupuesto de 2017 asigna recursos para ese fortalecimiento.
En razón de lo anterior, en búsqueda de fortalecer las competencias fiscalizadoras de la ARESEP, se facilitará al Poder Ejecutivo un borrador de proyecto de ley, que pueda ser presentado en este periodo de sesiones extraordinarias del mes de agosto y aprobado lo antes posible por parte de los diputados.
La ARESEP fortalecerá acciones para informar los beneficios del servicio público, de manera que el usuario conozca sus ventajas y lo utilice, ya que éste cumple con disposiciones legales, tiene pólizas especiales, se somete a revisión vehicular cada seis meses, los choferes están inscritos ante el Consejo de Transporte Público, y tienen instancias para interponer reclamos o denuncias. Se han hecho visitas a diferentes comunidades como Tilarán, Cañas, Playas del Coco, Paso Canoas, Puriscal, para informar sobre ello.
El Regulador General, Roberto Jiménez, enfatizó en que “debemos garantizarle a los usuarios un transporte público de calidad, de manera que se le preste en condiciones de seguridad, confiable y sobre todo, un buen trato”.
Por otro lado, la ARESEP está limitada en intervenir una plataforma digital, en vista que la Sala Constitucional ha determinado que el acceso a Internet es un derecho fundamental y la Ley 7593 no la faculta a ordenar la desconexión de sistemas o plataformas digitales.
El Regulador manifestó que se continuará revisando el marco legal y evaluando posibles propuestas legislativas para cumplir con la regulación efectiva del servicio público de transporte y evitar los servicios ilegales.