La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) compartió el estudio económico desarrollado por expertos de Deloitte, el cual fue contratado por el Banco Mundial en el marco de una cooperación técnica a Costa Rica, para la implementación de autobuses eléctricos.
Los resultados del análisis, que incluye costo beneficio para la ciudadanía y la comparación con los autobuses diésel, fue presentado a empresarios de autobús y a autoridades de gobierno, incluyendo a la Primera Dama de la República, Claudia Dobles, al viceministro de Energía, Rolando Castro y autoridades del Consejo de Transporte Público.
Este estudio incluyó el análisis de las experiencias de países como México, Singapur, Colombia, entre otros, en el proceso de adopción de tecnología de movilidad eléctrica en el servicio público.
El Regulador General, Roberto Jiménez, explicó que “este análisis contribuye con un elemento técnico, pues da información robusta acerca de la incorporación de flota eléctrica en el servicio de autobús, sus costos operativos y de inversión tanto en infraestructura de carga como en la compra de los vehículos. De esta manera, la ARESEP contribuye con las acciones para llevar el país hacia el cumplimiento de las metas de descarbonización”.
Para realizar el estudio se tomaron en cuenta las tecnologías de recarga más utilizadas a nivel mundial y con menores barreras de adopción: el plug-in (carga lenta en plantel) y la recarga dual (plug-in + pantógrafo y carga de oportunidad, en algún punto del recorrido de la ruta).
Entre las principales conclusiones del estudio de Deloitte destaca que la incorporación de buses eléctricos debe ser de forma progresiva o escalonada, dado la inversión que requiere en infraestructura y el costo propio del vehículo eléctrico el cual es mayor que los vehículos diésel; además es necesario realizar estudios de las rutas y sus características antes de implementar este tipo de unidades.
La tecnología de transporte eléctrico evoluciona rápidamente por lo que se espera que esto se manifieste en una reducción de los costos de adopción, especialmente en las baterías que constituyen uno de los componentes más importantes en el costo tecnológico, en las cuales se esperan reducciones cercanas al 60%-70%.