La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) analizó las experiencias de regulación de tres países latinoamericanos (Uruguay, Perú, Colombia) y un país de la Unión Europea y (Dinamarca), con el propósito de identificar las mejores prácticas regulatorias en el marco del proceso de mejora continua que impulsa la institución.
La experiencia de estos países permitirá retroalimentar el modelo de regulación que se aplica en Costa Rica y así contribuir con la competitividad, bienestar social y sostenibilidad ambiental.
En estos países funcionan operadores públicos y privados, existe un organismo regulador y enfrentan los mismos retos como el crecimiento de la población, mayores demandas de los usuarios y la aparición de tecnologías.
Uruguay: se analizan los mercados de energía eléctrica, hidrocarburos, transporte (ferrocarril y taxi) y Agua. Con excepción del mercado del taxi, los demás son operados por empresas públicas monopólicas. Los servicios de combustibles, energía eléctrica, gas natural, agrocombustibles, agua potable, saneamiento y generadores de vapor, están regulados por un ente desconcentrado del Poder Ejecutivo. Este ente otorga las concesiones, fija reglas, define tarifas y protege a usuarios, no obstante ha perdido competencias por disposiciones políticas. En este país la regulación actual no genera incentivos a la competencia, ni eficiencia de las empresas estatales. Se recomienda separar las actividades y tener una contabilidad regulatoria, lo que significa conocer todos los costos de cada servicio para exigir eficiencia.
En hidrocarburos, Uruguay importa petróleo y tienen una refinadora estatal, y la venta y distribución son realizadas por operadores privados. Los precios los define el Estado a través de un decreto, los cuales son precios máximos, los cuales se modifican pocas veces al año. Sin embargo, no se promueve la competencia entre las estaciones de servicio, y se mantienen altas deudas con proveedores. En la actualidad los combustibles están pagando un sobreprecio y está sujeto a desabasto por presión de grupos gremiales.
El servicio de taxi es autorizado por cada municipalidad. Los taxis son empresas privadas o cooperativas, al igual que el servicio público de transporte (ómnibus), y deben pagar por el permiso para tener una placa de taxi. Una autoridad independiente define las tarifas del primer tramo y siguientes. En noviembre de 2015, Uber comenzó a operar en Montevideo, lo que alteró sensiblemente el funcionamiento del mercado. Lo que hicieron las autoridades
municipales, a partir del 15 de diciembre de 2016, fue exigir a Uber las mismas condiciones de prestación que los taxis y exigió el cobro de impuestos al uso de aplicaciones móviles (lo que genera nuevos ingresos para los municipios). Su experiencia es que no existe necesidad de restringir el número de prestadores (autorización de un número determinado de placas) y que la tarifa sea dinámica para que se ajuste a las condiciones del mercado.
Sector eléctrico está compuesto por una empresa estatal que brinda el servicio. El mercado de la energía eléctrica es un modelo ―reciente― de éxito regulatorio: pasó del peligro de desabastecimiento, producto de prolongadas sequías y la dependencia de la generación hidroeléctrica, a una oferta prácticamente de energías renovables. Uruguay fue pionero en Sudamérica en liberar la conexión de generación eléctrica de fuentes renovables en la red pública de distribución. El distribuidor está obligado a permitir el acceso no discriminado de terceros a la capacidad de transporte de energía eléctrica de la red de distribución, en las condiciones acordadas.
Agua potable: sólo empresas propiedad del Estado uruguayo pueden brindar los servicios de agua potable y saneamiento. Este país tiene un gran caudal de agua de río, lo que facilita la obtención del insumo para la producción de agua potable. Asimismo, cuenta con múltiples acuíferos —agua subterránea— que permiten extraer agua potable.
Perú:
En acueductos y alcantarillado: opera una gran empresa, SEDAPAL, para la oferta de servicios en la capital, Lima, con alrededor de 10 millones de habitantes; la oferta de servicios a escala municipal es a través de unas 50 Empresas de Provisión de Servicios de Saneamiento, EPS; y asimismo un organismo regulador, denominado Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNASS.
En el campo de la electricidad la generación, transmisión y distribución se encuentra principalmente a cargo de empresas privadas. Alrededor de 40 de ellas generan electricidad para el mercado, las más grandes se dedican también a la transmisión y distribución. Algunas empresas se dedican solamente a la transmisión. La situación es también mixta en el campo de la distribución. Se cuenta con una reguladora general denominada Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, OSINERGMIN. Esta entidad regula también la producción y distribución de los hidrocarburos líquidos y del gas natural: plantas de abastecimiento, plantas envasadoras y estaciones de servicio. Interviene en la determinación de los precios, el control de calidad, del peso, ente otros. Es considerada como una de las más grandes y exitosas de América Latina.
Los ferrocarriles no han tenido un gran desarrollo en el Perú, aunque adquiere importancia dentro de las políticas públicas. Se tienen tramos bajo administración directa del estado a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, y la mayoría entregados en concesión a largo plazo. La regulación está en manos del MTC y del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, OSITRAN.
Los Taxis están regulados por el Ministerio de Transporte a través de la Dirección General de Transporte Terrestre, DGTT, así como por los Gobiernos Regionales y Municipalidades, con una gran cantidad de dispositivos que mantienen a este sector en polémica permanente. La denominada economía informal es muy grande en esta clase de servicios de transporte, estando las normas orientadas, en gran proporción, a disminuirla. El problema es mayúsculo en Lima, donde predominan los automóviles que prestan servicios de taxi, formales e informales, pero se agrava en provincias por la proliferación de los llamados Mototaxis (motocicletas con tres ruedas), especialmente en la selva. La cantidad de accidentes que se generan en este campo es muy elevada y constituye fuente de inseguridad permanente.
Colombia:
En Colombia, el servicio público de transporte tiene un alcance nacional y se presta por empresas, personas naturales o jurídicas, legalmente constituidas de acuerdo con las disposiciones colombianas.
El servicio de taxi reporta un alto grado de regulación. Los estudios de costos del transporte público son la base para fijar las tarifas que se cobrarán a los usuarios para cada clase de vehículo y en los diferentes niveles de servicio. Con base en la investigación de los precios de los insumos y sus respectivas frecuencias de cambio o rendimientos, se aplica el estudio técnico respectivo. El modo de transporte colectivo terrestre de pasajeros está definido como un servicio público planificado, regulado y controlado por el Estado; su prestación está a cargo de operadores privados, dentro de una economía de mercado de libre competencia y de iniciativa privada; la infraestructura necesaria para su operación la suministra el Estado.
Dinamarca:
Históricamente, el sector eléctrico danés es el resultado de un desarrollo ascendente, donde los municipios de las ciudades y las cooperativas de consumo en las zonas rurales fabricaban sistemas de red eléctrica con pequeños generadores de energía propios. La estructura de propiedad era que los consumidores y los municipios poseían su red de distribución local y, en conjunto, estas empresas de distribución eran propietarias de las líneas de transmisión de alta tensión y de las grandes centrales eléctricas.
El sistema eléctrico estaba muy consolidado con una tasa de deuda casi nula, ya que el dinero para nuevas inversiones se acumulaba por adelantado. El sistema se basó principalmente en el petróleo hasta la década de 1970, donde se hizo una transición al carbón en pocos años como respuesta a la crisis del petróleo de 1973.
En cuanto a la regulación de los precios, las compañías distribuidoras están, en cierta medida, reguladas por un mecanismo de ganancias para el consumidor, lo que significa que cualquier ganancia debida a las mejoras de eficiencia se devuelve al consumidor como precios más bajos. El sistema danés de suministro de electricidad se basa en combustibles fósiles tenía una proporción relativamente pequeña del valor agregado (27,3%), ya que no incluye la extracción de combustible y la construcción de equipos.