- Sala Constitucional acogió acción de inconstitucionalidad presentada por la Cámara de Industrias
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) advierte a la opinión pública sobre la suspensión de la metodología que se utiliza para actualizar el precio de los combustibles, por disposición de la Sala Constitucional.
La Cámara de Industrias presentó una acción de inconstitucionalidad contra la metodología de combustibles que revisa los ajustes mensuales, así como las solicitudes ordinarias que presente la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Mediante el expediente 16-011878-0007-CO, del 16 de setiembre, la Sala dispone que “igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son lo que inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente (…) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señalados”.
De esta forma, la ARESEP está imposibilitada de emitir resoluciones tarifarias, que involucren la aplicación de la norma vigente.
En virtud de lo anterior, está suspendido el trámite para conocer la petición tarifaria presentada por Recope, el pasado 14 de octubre, en la cual solicitó una rebaja de ¢9 por litro de diésel y de ¢2 en el litro de gasolina plus y según la cual la gasolina Super no tendría variación de precio.
La ARESEP advierte que la suspensión indefinida de la metodología podría generar diferencias tarifarias importantes entre el precio local y el internacional, así como distorsiones de precio de los derivados del petróleo para el consumidor final.
Esta metodología fue aprobada en octubre de 2015 con el fin de transparentar los costos para cada uno de los productos que distribuye Recope, de acuerdo con el principio de “servicio al costo” establecido en la Ley 7593.