ARESEP ajusta normativa eléctrica impacto  COVID-19 usuarios
· Suspende el cobro de actualización del depósito de garantía por corta y el cobro por bajo factor de potencia ante caída del consumo de usuarios de media tensión

Bol. 39-2020, 30 de julio. La Junta Directiva de la Autoridad Reguladora (ARESEP) aprobó ayer la suspensión temporal de algunos artículos de reglamento técnico, con el fin de reducir el impacto del COVID 19 en usuarios del servicio de electricidad de los sectores residencial, comercial, industrial y preferencial.

Específicamente, aprobó la suspensión temporal de varios artículos de la norma técnica relacionada con la supervisión de la comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión (AR-NT-SUCOM), a saber:

-       La aplicación de la actualización del cobro del depósito de garantía, que deben pagar los usuarios al momento de tramitar la reconexión de su servicio, producto de una corta originada por falta de pago.

La aplicación del cobro por bajo factor de potencia, que consiste en una penalización que deben pagar los usuarios conectados el servicio de media tensión cuando no cumplen el nivel de consumo asociado a la tarifa que les aplica.

La decisión tomada busca proteger a los usuarios para evitar cobros adicionales del sistema eléctrico nacional, durante una situación extraordinaria provocada por el impacto de la pandemia.

Así, por ejemplo, se evitará que los usuarios con servicios suspendidos por falta de pago y deseen ponerse al día, paguen un sobrecargo por la actualización del depósito de garantía. De manera similar, evitará que a usuarios del servicio de media tensión que experimenten reducciones en su actividad debido a las medidas de combate a la pandemia y, consecuentemente, en su demanda de energía, reciban una penalización por esa reducción de la potencia demandada.

El Regulador General Roberto Jiménez Gómez manifestó que debido a la situación extraordinaria de crisis que vive el país, se tomó la decisión de suspender temporalmente algunas disposiciones, con el fin de adaptar la regulación, en lo posible, al contexto actual. Estas decisiones buscan reducir el impacto de la crisis y facilitar el proceso de reactivación socioeconómica.
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