Antecedentes e Historia
El Estado Costarricense inicia el proceso regulatorio en 1928. A continuación una reseña de los hitos en cada etapa histórica:
Inicios de la regulación: 1870-1928
La regulación de los servicios públicos es casi inexistente dentro del gobierno liberal que caracterizó esa época. El Estado otorgó concesiones a compañías extranjeras y pudo concretar importantes obras como acueductos, alumbrado, electrificación, vías de comunicación y saneamiento.
Creación SNE: 1928-1940
En este periodo se nacionalizaron las fuerzas hidráulicas, por la presión de movimientos populares que cuestionaron la calidad del servicio y el manejo arbitrario de los recursos por parte de las compañías extranjeras.
Es así como se emitió la ley que creó el Servicio Nacional de Electricidad (SNE), el 31 de julio de 1928, bajo la filosofía de “servicio al costo” y empezó a controlar a las compañías eléctricas privadas para que mantuvieran tarifas bajas para los abonados. Entre 1932 y 1940 se dieron ingentes esfuerzos por regular las empresas extranjeras, hasta culminar en convenios que aún hoy están vigentes. En este periodo el servicio eléctrico es deficiente y con altos costos operativos.
Intervención: 1941-1948
El Estado Interventor le dio un marcado giro a la regulación. Las compañías extranjeras se integraron en una sola llamándose Compañía Sucesora, encargada de teléfonos, electricidad y el tranvía. El SNE recibió una nueva facultad: intervenir en los diferendos que se suscitaran entre la Compañía y los usuarios del servicio. Esta intervención significó rebajas en el servicio eléctrico y una reducción significativa en las ganancias de la Compañía. Luego esta empresa se convirtió en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., la cual se nacionalizó en 1968.
Desarrollo social: 1949-1970
El SNE resultó ser un órgano propiciador del desarrollo nacional. En este periodo se le adjudicó la regulación del alumbrado público y acueductos, lo que permitió que se instalara esta infraestructura en todos los cantones del país.
En este periodo el SNE reguló instituciones descentralizadas recién creadas como el Instituto Costarricense de Electricidad, Acueductos y Alcantarillados. También las Juntas Administradoras de Servicio Eléctrico (Alajuela, Cartago, Heredia) y cooperativas eléctricas de San Carlos, Nicoya, Alfaro Ruiz y en la zona de los Santos.
Posteriormente, el SNE adquirió la mayoría de las acciones del sistema telefónico y la creación del sistema nacional interconectado que pertenecían a la CNFL.
Transición: 1970-1990
La institución entra en una transición de ajuste que se prolongó hasta 1990, en vista de la necesidad de modernizar la ley de 1928. En estos años ocurrieron severas crisis internacionales que provocaron inflación, devaluación y escasez de recursos para el Estado, así como endeudamiento y elevación de tarifas de los servicios públicos
Por otro lado, se suscitó una explosión demográfica importante en la que el Estado no pudo resolver la demanda creciente de servicios básicos (agua, luz, transporte).
Las inconsistencias en materia tarifaria que tuvo el gobierno entre 1978 y 1982, hizo que se buscara en el SNE un apoyo técnico más eficiente para la fijación de precios de los productos derivados del petróleo, distribución y del transporte remunerado de personas.
En los años 90, los organismos internacionales exigieron la modernización de los entes controladores del Estado y fomentaron la creación de órganos reguladores.
ARESEP: 1991-2006
Se desarrolló un nuevo concepto de regulación que logra concretarse en la Ley 7593 que transformó al SNE en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de Costa Rica (ARESEP), bajo la autoridad del Licenciado Leonel Fonseca Cubillo, el primer Regulador General del país.
ARESEP enfrentó el desafío de consolidar el sistema regulatorio en el país, mejorar su estructura organizativa para reglar los servicios de energía, concesión de obra pública, telecomunicaciones, agua, saneamiento ambiental, combustibles y transportes. Fungieron como Regulador General en ese periodo el ingeniero Rafael Carrillo Lara y nuevamente el Lic. Leonel Fonseca Cubillo.
Durante este decenio la institución fue dirigida por los Reguladores Leonel Fonseca Cubillo (1998-2002), el economista Hermann Hess Araya ocupó el puesto en un corto periodo (2002-2003). Fue sustituido por la abogada Aracelly Pacheco Salazar (2003-2006) para completar este periodo.
La Autoridad Reguladora adquirió una amplia experiencia en la regulación de los servicios públicos. Dirigió sus esfuerzos en la mejora de aspectos metodológicos, evaluación de la calidad y la protección del ambiente, en aras de fomentar la sostenibilidad de los recursos naturales.
Modificación legal 2000-2008
La institución es dirigida por economistas, lo cual permite dar una visión más amplia de la importancia de la entidad reguladora en el país y el impacto de sus decisiones en el sistema económico. Entre 2006 y 2010 ocupó el cargo Fernando Herrero Acosta, quien se da la tarea de dar más fuerza y presencia a la Autoridad Reguladora en la vida pública nacional.
En 2008 ocurrieron varios cambios relevantes en la Ley 7593, introducidos en la Ley 8660 que creó la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).
Los cambios permiten a la ARESEP una mayor independencia administrativa, al definir su propia organización interna, para lo cual se constituyen las áreas especializadas de regulación, llamadas Intendencias. La potestad de definir tarifas recae en estas dependencias y no en la persona del Regulador General. También se dividieron las funciones para garantizar la independencia de los procesos de elaboración de metodologías, quienes las aplican y la fase recursiva.
En 2007 remoza la identidad institucional por una imagen más moderna y cercana a la población. Además, se aprobó el salario único en el 2008 lo que incentivó la incorporación de profesionales jóvenes y la renovación de la estructura organizacional.
Impacto económico y social: 2010-2023
Entre 2010-2016 asumió el economista Dennis Meléndez Howell, quien reforzó la elaboración de metodologías tarifarias como el eje de su administración, con el fin de transparentar los procesos de fijación de tarifas y eliminar la discrecionalidad de los funcionarios en los estudios tarifarios.
El Regulador General en el periodo 2016-2022 es el economista Roberto Jiménez Gómez quien impulsó una estrategia de posicionamiento institucional dentro de los territorios. Se aprovechó la crisis que generó la pandemia en el 2020 para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. Se crean mesas técnicas, audiencias virtuales, cursos en línea. Se establecen enlaces con las municipalidades y otras instituciones del Estado (INAMU, IFAM, UNED, Conapdis, Conapam) con el fin de posicionar a la persona usuaria en el centro de la regulación. Además, definió la política de género y una política regulatoria con lo cual traza los compromisos en el futuro de la gestión reguladora para el beneficio de la sociedad.
El 27 de setiembre del 2022 asume el Ing. Eléctrico Eric Alonso Bogantes Cabezas por seis años el cargo de Regulador General y Presidente de la Junta Directiva.