· ARESEP manifiesta su preocupación por los usuarios que podrían verse afectados.
En cuanto a la posibilidad de habilitar el cobro de una tarifa superior a la autorizada en la ruta San José-Alajuela, por parte de la empresa TUASA, la Autoridad Reguladora de los Servicios Público aclara:
1) No haber recibido ni tramitado ninguna solicitud de autorización de esa nueva tarifa.
2) No haber recibido, pese a haberlo solicitado, ningún documento en el que consten las condiciones en las cuales el Consejo de Transporte Público, presuntamente, ha brindado la autorización para la prestación del servicio.
3) Ya hay un servicio autorizado por el CTP para ese recorrido, el cual cuenta con una tarifa fijada por la Aresep.
4) El nuevo servicio no calza dentro de los llamados servicios especiales, los cuales están taxativamente establecidos en la normativa, y que son el transporte especial ocasional de excursiones, el transporte de trabajadores, el transporte de estudiantes, y el transporte de turismo.
En razón de lo anterior, cualquier cobro de una tarifa distinta a la autorizada por la Aresep se encontraría fuera de lugar y podría acarrearle a la empresa prestadora del servicio la imposición de una multa de hasta ¢8.5 millones por cada vez que se acredite esa falta.
El Regulador General, Roberto Jiménez, manifestó sentirse satisfecho con la suspensión de este servicio, el cual consideraba lesivo para cientos de usuarios, quienes al no poder asumir el costo se encontrarían en una situación de desigualdad respecto a otros.
Los prestadores de servicios tienen la obligación de “Estar preparados para asegurar, en el corto plazo, la prestación del servicio ante el incremento de la demanda” (artículo 14, inciso i, Ley 7593).
Para atender esta situación, la empresa TUASA dispondrá de 25 unidades adicionales para reforzar el servicio. La ARESEP ante las acciones planteadas por el gobierno para el cierre del puente sobre el Río Virilla en la ruta 1, General Cañas, hará la supervisión de las empresas que prestan el servicio en las rutas afectadas, con el fin de garantizar la calidad en la prestación del servicio público a los usuarios.