ARESEP analizará facultades legales para detener prestación ilegal

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) realizará un análisis jurídico de las competencias de la Institución para proceder al cierre de aplicaciones tecnológicas, así como remover equipos que se utilicen para realizar una prestación ilegal de servicios públicos regulados.

Esto se discutió en la reunión que sostuvo el Regulador General, Roberto Jiménez, con representantes de la Unión de Taxistas Costarricenses el día de hoy.

El grupo de taxistas entregó al Regulador un documento con su posición sobre acciones de control y sanciones que la ARESEP podría aplicar ante la prestación ilegal de servicio público.

El Regulador fue enfático en que los servicios públicos de transporte requieren de una concesión o permiso para operar, otorgada por el órgano rector competente, y quienes dan el servicio sin tener esta autorización del Estado, son ilegales.

El jerarca de la ARESEP manifestó que el análisis jurídico y técnico del tema, tendrá como objetivo conocer el margen de acción con el cual cuenta el Ente Regulador y las demás instituciones del Estado para detener la prestación ilegal de servicios.

Jiménez dijo que la institución tiene el deber de “trabajar por que los usuarios reciban un servicio regulado de calidad cuyas reglas deben ser claras para todos”.

La ARESEP cuenta con un convenio de cooperación con la policía de tránsito que le permite realizar procedimientos administrativos sancionatorios a quienes sean detenidos prestando ilegalmente un servicio; realiza inspecciones en comunidades con el fin de fomentar el uso del transporte legal, y se encuentra fortaleciendo sus capacidades de fiscalización de las actividades reguladas. Adicionalmente, la institución presentará próximamente un proyecto de ley al Poder Ejecutivo para fortalecer sus capacidades de fiscalización.

El Regulador General reiteró hoy su llamado a los usuarios para hacer uso de servicios regulados los cuales ofrecen ventajas, tales como plantear quejas por inconformidades con el servicio, acceso a pólizas de seguros y a un pago mediante tarifas reguladas.

La próxima reunión con los representantes de taxis será el 16 de agosto.

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