ARESEP investiga a empresas por aumentos en cobros de agua y luz


·  Ente Regulador recibe más de 221 quejas de usuarios al 30 de mayo

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) pide cuentas a los operadores de servicios públicos por el incremento en las quejas de usuarios por facturación.

El Regulador General, Roberto Jiménez, indicó que “estamos sumamente preocupados por la gran cantidad de quejas que reportan los ciudadanos por altos cobros en sus recibos de agua y luz”.

En lo que va del año se han reportado 96 quejas en electricidad, mientras que durante todo el 2019 fueron 138. En el caso de agua se tienen 124 quejas, principalmente del AyA (104) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

El jerarca de ARESEP afirmó que se está pidiendo explicaciones a las empresas que brindan servicios públicos, para que informen las acciones correctivas y revisiones a sus sistemas, así como el protocolo de atención de quejas y consultas de la ciudadanía.

En estos momentos, la ARESEP registra un incremento del 55% en las consultas que recibe diariamente en las diversas plataformas de atención: línea telefónica, Whatsapp y correo electrónico, al pasar de 105 a 190.

Otra situación que reporta la ciudadanía es que no son atendidos por los operadores, o que no reciben respuesta, lo cual es violatorio de las responsabilidades del operador de servicios públicos.

Ante estas denuncias, la ARESEP realizará visitas presenciales a cada operador, para verificar el proceso de cobro, la forma en que se realiza la medición y los mecanismos de atención de consultas y quejas de los usuarios, para precisar la atención y resolución de éstos.

Finalmente, la ARESEP aconseja a los abonados conocer cuántos metros cúbicos y kilovatios hora consume la familia, para detectar cualquier cambio. Los incrementos en las facturas se pueden deber a fugas de agua dentro de la vivienda, mayor consumo por estar más tiempo en el hogar y al cobro de impuestos como el de valor agregado y bomberos que dependen del gasto por consumo.

El Regulador General concluyó en que existe una responsabilidad compartida, por un lado, el usuario debe ser responsable en el uso de los servicios públicos, y por otro, las empresas tienen que mantener sus sistemas de control confiables, una medición correcta de los consumos y la permanente atención de las consultas de los usuarios.
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